El año entrante plantea un reto para proseguir en la búsqueda y conquista de las mejores condiciones que aseguren mayor calidad, mediante la reivindicación de nuestros procesos conducentes a ese mejor futuro que desde ahora estamos proyectando. En el caso de las personas con discapacidad, es necesario tener claro que fortalecer las alianzas estratégicas con quienes evidencian un compromiso con nuestras causas y tienen acceso al poder es la mejor determinación.
Es el caso del Pacto Histórico que venimos abrazando, hoy con el presidente Gustavo Petro y en unos meses con Iván Cepeda. Este reto implica propiciar un entorno favorable para esta profundización; por ejemplo, en el Congreso de la República deben llegar, continuar y ampliar el número de parlamentarios que han promovido nuestros proyectos, como lo ha demostrado nuestra representante Etna Támara Argote Calderón, quien próximamente será Senadora, junto a otras figuras relevantes que igualmente han demostrado que llevan en el corazón, la mente y en sus actuaciones los principios e intereses de nuestra comunidad.
Así las cosas, la comisión accidental por los derechos de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores del Congreso de la República debe ser retroalimentada para lograr un mayor posicionamiento. Tamara Argote viene planteando, entre otros, el acto legislativo para la modificación de los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política de nuestro país, que garantice un mejor relacionamiento con nuestra comunidad en términos de dignidad, respeto y mayor exaltación. También la curul de las personas con discapacidad en el Parlamento, el protocolo facultativo que aumente las posibilidades de incidencia en el contexto de las realidades que ofrece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sumado a otros proyectos más recientes orientados a fortalecer los derechos y la inclusión. El más reciente es la Ley 2456 de 2025, que crea los Fondos de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores o Asistentes Personales. Esta norma busca garantizar recursos para mejorar la calidad de vida de nuestra población, promover la autonomía y reconocer el papel fundamental de quienes ejercen labores de cuidado. Con un enfoque biopsicosocial, esta ley establece mecanismos de financiación y gestión que permitirán implementar programas de inclusión social y apoyo integral en todo el país.
Además de esta ley ya aprobada, en el Congreso avanzan otros proyectos que aún se encuentran en trámite. Entre ellos se destacan propuestas para asegurar la accesibilidad digital y tecnológica, con el fin de que las plataformas públicas y privadas sean inclusivas para personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva. También se discuten iniciativas en materia de educación inclusiva, que buscan fortalecer la atención diferencial en instituciones educativas, y proyectos de empleo digno, que plantean incentivos para la contratación de personas con discapacidad en los sectores público y privado.
Otro frente legislativo importante es el de la movilidad y el transporte accesible, donde se estudian medidas para garantizar que los sistemas masivos de transporte cumplan con estándares de accesibilidad universal. Estas iniciativas reflejan un esfuerzo por ampliar el alcance de la política pública en favor de la inclusión, no solo desde la perspectiva económica, sino también en ámbitos educativos, laborales y sociales.
En conjunto, estas propuestas muestran un panorama legislativo que reconoce la necesidad de avanzar hacia una sociedad más equitativa y accesible. El reto principal será asegurar la financiación sostenible de los fondos creados, garantizar la implementación efectiva en los territorios y establecer mecanismos de control que eviten la desviación de recursos. La articulación entre ministerios, alcaldías y organizaciones sociales será clave para que estas medidas se traduzcan en cambios reales en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.
Por estas y otras razones debemos garantizar que nuestra vocería e incidencia en el Congreso constituyan la base sólida y la plataforma que proyecte a nuestra sociedad hacia la conquista de mayores oportunidades y mejores posibilidades en la construcción de realidades que disfrutaremos quienes hoy soñamos y actuamos por ese futuro posible, así como las futuras generaciones que gozarán de esos entornos junto a quienes definen, defienden y promueven esas mejores realidades como parte del propósito colectivo que seguirá constituyendo la agenda pública. Hacia allí deberemos orientar nuestros pensamientos, ilusiones y, sobre todo, acciones que concreten ese mejor futuro en el que viviremos el resto de nuestras existencias, para estos los sectores sociales y grupos poblacionales vulnerables debemos profundizar las transformaciones.
Por Nelson Julián Villamizar
