Reformas bloqueadas y crisis institucional: el pulso entre Petro y las élites del poder

Aseguremos un nuevo Congreso para el poder popular 

Debemos agradecer a los defensores, promotores y constructores del preexistente poder que beneficiaba únicamente a los empresarios, industriales y serviles de la injusta, arbitraria y dañina clase dominante, incluidos allí los medios de comunicación, que como mercaderes y mercenarios tergiversan, embrutecen y mantienen un establecimiento en contra de los empobrecidos y humildes, que son los que han enriquecido con su trabajo mal remunerado a los emporios que hoy obstaculizan los avances y conquistas para lograr un equilibrio social, con mayor equidad y garantías para el pueblo colombiano.

Prueba de esta realidad es el hundimiento de la Ley de financiación, el entorpecimiento a la reforma a la salud, al sistema pensional y al aumento del salario vital para dignificar las condiciones que propicien una mejor sociedad, que demuestran la necesidad de apoyar con nuestro voto las listas del Pacto Histórico de la Cámara de Representantes y en el Senado, y asegurar las determinaciones e iniciativas que proponga Iván Cepeda como presidente de la República con nuestro poder de la verdad. Y así contrarrestar los riesgos de nuestra democracia como son:

1. Hundimiento de la Ley de financiación

El Congreso bloqueó la iniciativa que buscaba ampliar recursos fiscales para programas sociales y de transición energética. La narrativa opositora la presentó como una amenaza a la estabilidad económica, invisibilizando los objetivos redistributivos que pretendían beneficiar a sectores históricamente marginados.

2. Obstáculos a la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro intentó declarar una emergencia para atender crisis específicas, como la del sector energético y la inflación. Sin embargo, la Corte Constitucional y sectores políticos cuestionaron la medida, alegando que no cumplía los requisitos de "gravedad e inmediatez". Este choque institucional se convirtió en un freno que limitó su capacidad de acción rápida.

3. Deslegitimación del aumento del salario mínimo

Aunque el incremento fue pactado con sectores sindicales y buscaba proteger el poder adquisitivo, se difundieron narrativas que advertían sobre desempleo y fuga de inversión. Los gremios empresariales y algunos medios insistieron en que se trataba de "populismo económico", debilitando la percepción pública de la medida.

Patrones comunes en estas barreras

• Judicialización y tecnificación del debate: decisiones políticas se trasladan al terreno jurídico o técnico para frenar su alcance.

• Narrativas de crisis: se insiste en que las medidas de Petro son inviables o peligrosas, incluso cuando responden a demandas sociales.

• Bloqueo legislativo: el Congreso se convierte en un espacio de resistencia sistemática.

• Deslegitimación mediática: se amplifican riesgos y se minimizan beneficios, generando desconfianza ciudadana.

En conjunto, estas tácticas buscan erosionar la legitimidad de sus reformas y desgastar la narrativa de cambio que lo llevó al poder.

Crisis institucional y llamado a una Constituyente

Durante el cuatrienio del presidente Gustavo Petro Urrego, se ha evidenciado un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y las altas cortes del país. Según sectores afines al Gobierno, los magistrados, en complicidad con congresistas, gobernadores y alcaldes, han obstaculizado de manera sistemática decisiones que inciden en el bienestar de una población ignorada por más de 200 años.

La tensión entre poderes ha generado un debate nacional sobre los límites de la justicia y la política, y sobre el papel de las instituciones en el proceso de cambio social. Voces críticas señalan que algunos actores institucionales han utilizado sus cargos para lucrarse y frenar iniciativas que apuntan a la inclusión y la equidad.

En este contexto, surge con fuerza la propuesta de una Asamblea Constituyente. Sus defensores sostienen que es el momento de precisar mecanismos que impidan que quienes actúan en contra del interés colectivo continúen ocupando espacios de poder. El llamado es a excluir a aquellos que, bajo la figura de la legalidad, atentan contra las decisiones del actual presidente y de futuros líderes como Iván Cepeda Castro.

El debate sobre la Constituyente no solo refleja una pugna política, sino también una demanda ciudadana por un nuevo pacto social que garantice justicia, participación y dignidad. La consigna que se repite en las calles y en los espacios de discusión es clara: "Ya no más".

Y por estas razones motivemos a nuestros familiares, amistades, vecinos y en generales a todas y todos para que el próximo 8 de marzo nos movilicemos ahora en las calles y en todo lugar donde se impulse la conciencia popular y en los sitios donde tenemos inscrita nuestra cedula que profundizaran las transformaciones sociales que reivindicaran nuestras causas, procesos y búsqueda social.

Por: Nelson Julián Villamizar