El fenómeno político alrededor de Abelardo de la Espriella no es nuevo, pero hoy adquiere un matiz más crudo: las urnas ya hablaron y quienes depositaron su confianza en él deben asumir las consecuencias de esa decisión.
La triple nacionalidad del abogado —colombiana, estadounidense e italiana— refleja una vida de lealtades fragmentadas. Mientras se ampara en vínculos externos, su relación con Colombia ha estado marcada por episodios de negocios cuestionados y defensas jurídicas que beneficiaron a mafias y estructuras criminales. El caso de David Murcia Guzmán (DMG) sigue siendo un recordatorio de cómo la justicia puede ser manipulada en favor de intereses privados.
Hoy, quienes votaron por él no pueden alegar desconocimiento: la historia estaba escrita y las advertencias eran claras. La metáfora vallenata —"tú lo que quieres es que me coma el tigre, la cosa está fea"— se convierte en realidad política. El tigre ya está dentro de la casa, y las desgracias que se anunciaban comienzan a materializarse en decisiones que afectan la soberanía, la justicia y la dignidad nacional.
El panorama que se abre con este nuevo mandato no es alentador. Las primeras señales apuntan a un gobierno marcado por las amenazas contra la oposición y los sectores sociales que cuestionen su legitimidad. La retórica del poder se convierte en un instrumento de intimidación, debilitando el debate democrático y sembrando miedo en comunidades históricamente vulnerables.
La negación de los derechos es otro eje preocupante: el retroceso en políticas de igualdad, la desarticulación de programas sociales y la reducción de garantías para las personas con discapacidad y sectores marginados son síntomas de un modelo que privilegia intereses privados sobre el bienestar colectivo.
Los retrocesos en materia de justicia social y soberanía nacional se perfilan como el sello de este gobierno. La subordinación a poderes externos y la defensa de mafias disfrazada de legalidad ponen en riesgo los avances logrados en participación ciudadana y construcción de paz.
Ante este escenario, la comunidad de personas con discapacidad, junto con sus cuidadoras y cuidadores, se levanta como un bloque de resistencia. La desobediencia civil se convierte en herramienta legítima frente a un gobierno que amenaza con invisibilizar sus derechos y retroceder en conquistas sociales.
Este sector, históricamente marginado y relegado, ha demostrado que la organización comunitaria y la acción política son capaces de transformar realidades. Hoy, su voz se suma al llamado nacional de resistencia pacífica, recordando que la dignidad no se negocia y que la justicia social no puede ser aplazada.
La desobediencia civil, entendida como un acto consciente y colectivo, se presenta como respuesta ética frente a la imposición de un modelo que niega derechos fundamentales. Es un mensaje claro: quienes votaron por las desgracias ya las recibirán, pero quienes defienden la vida y la dignidad no se quedarán en silencio.
Por: Nelson Julián Villamizar / #Prͬoͦcͨlaͣmͫaͣ
El fin del período de transición normativa marca una era sin precedentes en el país: la cuota de contratación laboral para personas con discapacidad ya es obligatoria y el Estado impone criterios de accesibilidad universal en todas sus compras públicas.
A pesar de contar con un marco legal robusto en el papel, millones de ciudadanos en Colombia enfrentan una carrera diaria de obstáculos físicos, burocráticos y laborales. El tránsito de la exclusión total a una "inclusión a medias" perpetúa un limbo social donde la autonomía sigue siendo el premio más difícil de alcanzar.
Sostienen la vida y la dignidad de otros a costa de su propio bienestar, sin remuneración ni derechos garantizados. Desde los barrios populares de Colombia, los movimientos de cuidadoras y cuidadores exigen que su labor deje de ser vista como una obligación familiar privada y se reconozca como un pilar fundamental de la economía del país.
