Galardonada con el International Youth Award de Human Rights Watch, la joven activista colombiana transforma el panorama de los derechos humanos al defender la autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual en América Latina.
El camino hacia la verdadera inclusión no se limita a construir rampas o adaptar formatos; se trata, fundamentalmente, de reconocer el derecho a existir como ciudadanos plenos. En la vanguardia de esta batalla en América Latina se encuentra María Lozano, una joven activista colombiana cuya labor ha resonado en los escenarios internacionales más exigentes, consolidándola como una de las figuras más influyentes en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Su liderazgo global fue ratificado recientemente al recibir el prestigioso International Youth Award de Human Rights Watch. Este galardón no solo premia su trayectoria, sino que pone bajo el foco internacional una de las deudas más persistentes de los sistemas legales de la región: el derecho a la capacidad jurídica y a la toma de decisiones independientes.
Durante décadas, las legislaciones de múltiples países aplicaron de forma sistemática la figura de la "interdicción", un mecanismo legal que despojaba a las personas con discapacidad intelectual de su derecho a decidir sobre sus propias vidas, delegando su firma, sus finanzas y sus decisiones médicas a un tutor. En la práctica, esto equivalía a una muerte civil.
Lozano ha liderado un cambio de paradigma conceptual y legal. Su activismo se alinea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo el paso del modelo de "sustitución de la voluntad" al de "toma de decisiones con apoyo".
Este enfoque defiende que, con las herramientas y acompañamientos adecuados, todas las personas son capaces de manifestar sus preferencias y gobernar su destino.
"No queremos que decidan por nosotros; queremos los apoyos necesarios para decidir nosotros mismos", ha sostenido la activista en sus intervenciones, sintetizando el núcleo de una lucha que busca derribar el paternalismo institucional.
A diferencia de los enfoques puramente teóricos o diplomáticos, el valor del perfil de María Lozano radica en su capacidad para articular las demandas de las bases comunitarias con la incidencia política de alto nivel. Desde Colombia —un país que dio un paso histórico con la aprobación de la Ley 1996 de 2019 sobre capacidad jurídica—, Lozano trabaja para que estas reformas no se queden en el papel, sino que se traduzcan en un cambio cultural real en las familias, los bancos, las instituciones médicas y los juzgados.
Su reconocimiento por parte de Human Rights Watch sitúa su causa en la agenda global de los derechos humanos, demostrando que la juventud con discapacidad intelectual no es un sujeto pasivo de caridad, sino un actor político clave en la construcción de democracias más justas.
Para nuestra sección Proclamando Protagonistas, la historia de María Lozano es un recordatorio indispensable: la accesibilidad más urgente no es la física, sino la legal y social, aquella que permite a cada individuo ser dueño de su propia historia.
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