Sostienen la vida y la dignidad de otros a costa de su propio bienestar, sin remuneración ni derechos garantizados. Desde los barrios populares de Colombia, los movimientos de cuidadoras y cuidadores exigen que su labor deje de ser vista como una obligación familiar privada y se reconozca como un pilar fundamental de la economía del país.
En los barrios populares y en los hogares donde la vida se sostiene con esfuerzo, miles de mujeres y hombres dedican sus días al cuidado de personas con discapacidad, adultos mayores o enfermos crónicos. Son los cuidadores invisibles, quienes sostienen la dignidad de otros sin recibir salario ni reconocimiento. En Colombia, este trabajo sigue siendo visto erróneamente como una responsabilidad familiar y afectiva privada, cuando en realidad es una labor social esencial que debería estar garantizada y protegida por el Estado.
Desde los movimientos feministas y comunitarios se ha levantado una voz clara: el derecho al cuidado debe ser reconocido como parte fundamental de la justicia social. No se trata solo de aliviar la carga doméstica de manera interna, sino de transformar radicalmente la manera en que el país entiende el trabajo, la productividad y la solidaridad. Las redes de cuidadores, que hoy se organizan con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, ya no piden caridad; exigen seguridad social, formación técnica formal y apoyo económico directo que mitigue su vulnerabilidad.
Cuidar también es trabajar", dice Rosa, una mujer de 58 años que cuida a su hijo con discapacidad desde hace dos décadas. Su historia refleja la de miles de personas que sostienen la vida sin descanso, vacaciones ni jubilación, mientras las políticas públicas institucionales avanzan a un ritmo lento que no responde a las urgencias de los territorios.
La propuesta de una economía del cuidado busca redistribuir el tiempo y los recursos, reconociendo que el bienestar colectivo depende directamente de quienes cuidan. Reconocerlo y remunerarlo es el primer paso para avanzar hacia una sociedad más justa, donde la solidaridad de las bases comunitarias sea el centro de la economía nacional y no su margen olvidado.
El cuidado no puede seguir siendo invisible: es un acto político, una forma de resistencia y la expresión de amor más alta sobre la que se construye nuestro tejido social.
Por: Equipo de Comunicación
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"La aprobación de este protocolo es un compromiso con la dignidad y los derechos humanos de todas las personas con discapacidad en nuestro país", afirmó la H.R. Etna Támara Argote Calderón.
