Bogotá D.C., noviembre de 2025 — En un contexto de creciente preocupación por el cierre de las Aulas de Apoyo Pedagógico (AAP) en distintas regiones del país, la Honorable Representante a la Cámara Etna Támara Argote Calderón ha iniciado gestiones para convocar una audiencia pública que permita abordar esta situación con enfoque técnico, territorial y de derechos humanos.
La audiencia, proyectada para la última semana de noviembre, busca reunir a actores clave del sector educativo, organismos de control, expertos en inclusión y representantes de la comunidad educativa, con el fin de construir un plan de contingencia que garantice la continuidad y el fortalecimiento de la educación inclusiva para niñas, niños y jóvenes con discapacidad de cara al año 2026.
Un espacio plural para la defensa de derechos
La propuesta contempla la participación de entidades gubernamentales como el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación —con énfasis en Bogotá y otras regiones afectadas—, así como rectores y coordinadores de inclusión de instituciones educativas. También se espera la presencia de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las personerías locales y las contralorías, quienes ya han manifestado su preocupación por el impacto del cierre de las AAP.
El espacio también convocará a investigadores, asociaciones de profesionales en apoyo pedagógico, universidades con programas en educación especial y, de manera central, a las familias, estudiantes con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos docentes.
Recomendaciones técnicas y cuestionamientos clave
Entre las recomendaciones para la audiencia se destacan la presentación de matrices territoriales con datos de cobertura e impacto, la inclusión de anexos normativos que contrasten las decisiones recientes con la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017, y la creación de mecanismos de seguimiento como veedurías ciudadanas, mesas técnicas e informes periódicos desde enero de 2026.
Además, se ha elaborado un cuestionario dirigido al Ministerio de Educación Nacional que abarca 11 bloques temáticos. Estos incluyen desde estadísticas actualizadas sobre estudiantes con discapacidad, infraestructura y apoyos profesionales, hasta presupuesto, cumplimiento normativo, formación docente, accesibilidad, transición educativa y empleabilidad. Un apartado especial se dedica al análisis del caso de las Aulas de Apoyo Pedagógico, cuestionando los fundamentos jurídicos y pedagógicos de su posible reclasificación e impulsando que en el tránsito al nuevo modelo prevalezcan las garantías para la inclusión educativa y el fundamental derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad.
