La pregunta 5 de la consulta popular potencia la Ley 2011 de 2017 y la hace de cumplimiento inmediato

05.05.2025
La inclusión laboral de personas con discapacidad ha sido un desafío persistente en Colombia. Desde la aprobación de la Ley 2011 de 2017, se han implementado medidas para promover el acceso equitativo al empleo mediante incentivos y ajustes razonables. Sin embargo, su aplicación ha dependido en gran medida de la voluntad de los empleadores.  

La pregunta 5 de la consulta popular del presidente Gustavo Petro propone una solución más directa: obligar a las empresas a contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. Esta medida convierte la inclusión en un requisito obligatorio y no en una opción dependiente de incentivos.  

Mientras la Ley 2011 se centra en garantizar derechos laborales y condiciones accesibles, su implementación ha sido paulatina y variable según el compromiso de cada empresa. La pregunta 5 cambia el enfoque y acelera el cumplimiento al establecer una cuota mínima de contratación.  

Este nuevo mecanismo podría aumentar el número de personas con discapacidad empleadas, pero también plantea desafíos:

 

- Riesgo de cumplimiento superficial, donde las empresas contratan solo para alcanzar la cuota sin garantizar condiciones adecuadas.  


- Falta de especificidad sobre ajustes razonables, lo que podría generar empleos sin verdadera accesibilidad.

  

- Necesidad de regulación complementaria, para evitar que la obligación se convierta en una formalidad sin impacto real.  

¿Una combinación efectiva?  

Para que la pregunta 5 tenga un efecto positivo, debe articularse con los principios de la Ley 2011, asegurando que la inclusión laboral no sea solo numérica, sino sostenible y digna. Esto implicaría:


- Incorporar ajustes razonables y protección laboral en la reglamentación de la cuota obligatoria.  
- Crear mecanismos de supervisión para evaluar el impacto real de las contrataciones.  
- Fortalecer incentivos y formación empresarial sobre inclusión laboral.  

La pregunta 5 potencia la Ley 2011 al exigir su cumplimiento inmediato, pero su éxito dependerá de cómo se estructure para garantizar que la inclusión sea efectiva y no solo una cifra en una nómina.  

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