En el marco del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un contundente informe de evaluación global que enciende las alarmas sobre el estancamiento de la Agenda 2030.
El reporte advierte que, a pesar de los avances legislativos logrados desde 2006, la accesibilidad en entornos digitales, el transporte público y los sistemas de justicia siguen siendo barreras sistémicas insalvables para más de 1.300 millones de personas a nivel mundial. Frente a este panorama, el organismo multilateral instó de manera formal a los Estados Miembros a destinar presupuestos específicos, independientes y blindados para evitar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados a la inclusión fracasen definitivamente. Para hacer frente a estas exigencias técnicas y sociales, la agenda internacional ha activado dos grandes hitos institucionales de cara al cierre del año:
1. Cumbre Mundial sobre Accesibilidad en El CairoLas plataformas oficiales han abierto las inscripciones para el Global Accessibility Summit (GAS), que se llevará a cabo en Egipto del 3 al 6 de diciembre de 2026.
Este encuentro internacional congregará a líderes juveniles con discapacidad, diseñadores de políticas públicas y desarrolladores tecnológicos con un objetivo urgente: unificar los estándares globales de diseño universal tanto en infraestructura urbana como en entornos web y de inteligencia artificial.
2. Despliegue de la Estrategia de la UNESCO (2026–2029) Por su parte, la UNESCO ha iniciado formalmente la implementación de su nueva Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad.
El programa contempla la inyección directa de recursos técnicos y financieros hacia los Ministerios de Educación de países de ingresos bajos y medios.
La meta es acelerar la transición de las aulas tradicionales hacia modelos pedagógicos basados en ajustes razonables y dotación de tecnologías de asistencia digital.
Organizaciones de la sociedad civil y activistas internacionales han coincidido en que este cierre de año marca un punto de no retorno: las políticas de inclusión ya no pueden diseñarse desde la consulta externa, sino que deben ser lideradas y ejecutadas directamente por las personas con discapacidad bajo la premisa histórica de "nada sobre nosotros sin nosotros".
Por: Equipo de Redacción
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrió un concurso público con 1.990 vacantes, de las cuales 140 están reservadas exclusivamente para personas con discapacidad, marcando un hito en la implementación de la Ley 2418 de 2024 sobre inclusión laboral en entidades públicas.
