A pesar de contar con un marco legal robusto en el papel, millones de ciudadanos en Colombia enfrentan una carrera diaria de obstáculos físicos, burocráticos y laborales. El tránsito de la exclusión total a una "inclusión a medias" perpetúa un limbo social donde la autonomía sigue siendo el premio más difícil de alcanzar.
En Colombia, la inclusión de las personas con discapacidad parece atrapada en un laberinto de buenas intenciones plasmadas en el papel, pero firmemente bloqueada en la práctica. Aunque el país cuenta con un marco legal robusto que teóricamente garantiza derechos, accesibilidad e inclusión laboral, la realidad para millones de ciudadanos es una carrera de obstáculos diaria donde la autonomía es el premio más difícil de alcanzar. Pasamos de la exclusión total a una "inclusión a medias", un limbo que resulta tan frustrante como la misma indiferencia.
Salir a la calle en cualquier ciudad colombiana siendo usuario de silla de ruedas, persona ciega o con movilidad reducida es un acto de valentía. Las rampas que terminan en muros, los andenes invadidos por el comercio informal, el transporte público colapsado y los ascensores averiados no son simples fallas de infraestructura; son mensajes sutiles pero contundentes de que el espacio público no fue diseñado para todos. La accesibilidad no es un lujo ni un favor arquitectónico, es la llave de entrada a la ciudadanía. Cuando el entorno físico segrega, la sociedad entera se fractura.
Para una persona con discapacidad en Colombia, el acceso a terapias, medicamentos o tecnologías de asistencia se convierte en un trabajo de tiempo completo. El sistema de salud actual obliga a las familias a interponer tutelas de manera sistemática para reclamar lo que por derecho les corresponde. A esto se suma el calvario de la certificación de discapacidad, un proceso administrativo lento y centralizado que frena el acceso a los pocos programas sociales existentes. El Estado exige demostrar la vulnerabilidad una y otra vez, desgastando la dignidad de quienes solo buscan condiciones equitativas para vivir.
Las aulas de clase y los entornos laborales son las mayores deudas de esta inclusión a medias. A pesar de los decretos de educación inclusiva, las escuelas regulares a menudo carecen de docentes de apoyo, intérpretes de LSC (Lengua de Señas Colombiana) o material tiflológico. En el ámbito laboral, el panorama no es mejor.
Aunque existen beneficios tributarios para las empresas que contratan a personas con discapacidad, predomina una cultura del prejuicio. Se sigue viendo la contratación desde el enfoque de la caridad o el "cumplimiento de cuotas", y no desde el reconocimiento del talento, la productividad y el valor humano.
No podemos seguir celebrando leyes que no se traducen en presupuestos reales ni en cambios culturales. Una inclusión a medias no es inclusión; es una forma de mantener la exclusión bajo un manto de corrección política.
Desde el Colectivo Ciudadanía Activa e Inclusiva hacemos un llamado a las administraciones locales, al Gobierno Nacional y a la sociedad civil para transitar de los discursos a las acciones vinculantes. Romper este laberinto exige:
Presupuestos específicos y fiscalizados para la accesibilidad urbana.
Eliminación de trabas burocráticas en el sistema de salud y de certificación.
Formación docente real y pedagogía social para derribar los imaginarios de incapacidad.
La verdadera inclusión se medirá el día en que una persona con discapacidad en Colombia pueda salir de su casa, estudiar, trabajar y disfrutar de su ciudad sin que su propio entorno sea su principal limitador. La dignidad no admite términos medios.
Por: Ciudadanía Activa e Inclusiva
A pesar de contar con un marco legal robusto en el papel, millones de ciudadanos en Colombia enfrentan una carrera diaria de obstáculos físicos, burocráticos y laborales. El tránsito de la exclusión total a una "inclusión a medias" perpetúa un limbo social donde la autonomía sigue siendo el premio más difícil de alcanzar.
Sostienen la vida y la dignidad de otros a costa de su propio bienestar, sin remuneración ni derechos garantizados. Desde los barrios populares de Colombia, los movimientos de cuidadoras y cuidadores exigen que su labor deje de ser vista como una obligación familiar privada y se reconozca como un pilar fundamental de la economía del país.
En el marco del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un contundente informe de evaluación global que enciende las alarmas sobre el estancamiento de la Agenda 2030.
