Con un informe revolucionario que demuestra científicamente cómo la falta de apoyos estatales condena al aislamiento a millones de niños y destruye la autonomía económica de las mujeres, Hagrass desafía la complacencia de las potencias mundiales en Ginebra y Nueva York.
Hay liderazgos que se construyen desde los escritorios y otros que transforman la realidad desafiando al propio sistema que intentan corregir. Por esta razón, la sección editorial de esta edición otorga el reconocimiento de Personaje del Año en Inclusión y Discapacidad a la Dra. Heba Hagrass, actual Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En un ciclo marcado por las duras alertas multilaterales sobre el estancamiento de la Agenda 2030, la Dra. Hagrass ha sido la encargada de sacudir la complacencia de las potencias globales.
Su gestión técnica en 2026 no se limitó a la firma de resoluciones tradicionales; por el contrario, se convirtió en una cruzada global para poner rostro, datos y soluciones humanas a las barreras sistémicas que afectan a más de 1.300 millones de personas en el mundo.
Su hito más transformador de este año fue la presentación de su revolucionario informe enfocado en el impacto de género dentro de los entornos de cuidado familiar. Hagrass logró lo que décadas de leyes previas obviaron: demostrar científicamente que la falta de servicios de apoyo estatales adecuados condena a millones de niños con discapacidad al aislamiento, mientras destruye la autonomía económica de las mujeres, quienes asumen de forma no remunerada el 90% de las tareas de asistencia en el hogar.
Con una agenda incansable que este año la llevó a presidir debates urgentes en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, liderar foros de transformación electoral en África y programar misiones de inspección crítica en Asia, la funcionaria ha sabido conectar las cumbres del primer mundo con las realidades rurales. En sus propias intervenciones ante la ONU, Hagrass ha insistido en que "la accesibilidad no es un favor ni una obra de caridad técnica, sino la única base legal sobre la cual las democracias del futuro pueden sostenerse".
Por: Equipo de Comunicación
La voz de las comunidades rurales con discapacidad sigue siendo ignorada. Entre barreras geográficas, tradiciones excluyentes y ausencia de políticas efectivas, la deuda histórica de Colombia con la inclusión cultural y territorial permanece abierta.
El fin del período de transición normativa marca una era sin precedentes en el país: la cuota de contratación laboral para personas con discapacidad ya es obligatoria y el Estado impone criterios de accesibilidad universal en todas sus compras públicas.
A pesar de contar con un marco legal robusto en el papel, millones de ciudadanos en Colombia enfrentan una carrera diaria de obstáculos físicos, burocráticos y laborales. El tránsito de la exclusión total a una "inclusión a medias" perpetúa un limbo social donde la autonomía sigue siendo el premio más difícil de alcanzar.
