La derogación de la directriz que unificaba el control de los despidos de trabajadores con discapacidad enciende las alarmas de los defensores de derechos humanos, mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de rigor técnico. La protección del eslabón más débil en la relación laboral ha vuelto a quedar en el centro de una profunda fractura...
Congreso vuelve a radicar proyecto de ley contra el fracking: una apuesta por el agua y la soberanía energética en Colombia
Bogotá D.C. — En un nuevo y contundente paso por la defensa de los recursos naturales del país, este martes se radicó nuevamente ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia.

Colombia merece un futuro limpio, justo y con soberanía energética. Ni fracking, ni pilotos, ni espejismos de transición, el cambio también es ecológico”
Se lee en el comunicado oficial del movimiento congresional.
Fracking: un modelo extractivista bajo lupa
La técnica de fracturación hidráulica ha sido altamente cuestionada en Colombia y el mundo por sus efectos irreversibles en los ecosistemas y las comunidades, representa una profundización del modelo extractivista, que en lugar de responder a la crisis climática, la agrava.Además del daño ambiental, organizaciones sociales alertan sobre el impacto del fracking en la soberanía alimentaria, el desplazamiento de poblaciones, y la fractura del tejido social en regiones donde se ha implementado.
Hacia un modelo energético soberano y sustentable
El proyecto de ley no solo busca vetar la práctica del fracking, sino también replantear el enfoque energético del país. La apuesta es por una transición energética real, justa e incluyente, que priorice las fuentes limpias y renovables, y que garantice el respeto por los derechos de las comunidades.La radicación de esta ley vuelve a encender el debate nacional sobre el rumbo de la política energética en Colombia y representa, para sus autores, un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo desde una óptica ética y ecológica.
Por: Nelson Julián Villamizar / Director Proclama
La voz de las comunidades rurales con discapacidad sigue siendo ignorada. Entre barreras geográficas, tradiciones excluyentes y ausencia de políticas efectivas, la deuda histórica de Colombia con la inclusión cultural y territorial permanece abierta.
El fin del período de transición normativa marca una era sin precedentes en el país: la cuota de contratación laboral para personas con discapacidad ya es obligatoria y el Estado impone criterios de accesibilidad universal en todas sus compras públicas.



