Congreso vuelve a radicar proyecto de ley contra el fracking: una apuesta por el agua y la soberanía energética en Colombia

22.07.2025

Bogotá D.C. — En un nuevo y contundente paso por la defensa de los recursos naturales del país, este martes se radicó nuevamente ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia.

La iniciativa, respaldada por representantes del Pacto Histórico y liderada entre otros, por la congresista Támara Argote, afirma que proteger el agua, los territorios y la vida no puede ser objeto de negociación política o económica. Esta postura, que ha ganado fuerza en sectores ciudadanos y ambientalistas, responde a los múltiples estudios y experiencias internacionales que advierten sobre el alto riesgo del fracking en relación con la contaminación del suelo, las fuentes hídricas y la emisión de gases de efecto invernadero.

Colombia merece un futuro limpio, justo y con soberanía energética. Ni fracking, ni pilotos, ni espejismos de transición, el cambio también es ecológico”

Se lee en el comunicado oficial del movimiento congresional.

Fracking: un modelo extractivista bajo lupa

La técnica de fracturación hidráulica ha sido altamente cuestionada en Colombia y el mundo por sus efectos irreversibles en los ecosistemas y las comunidades, representa una profundización del modelo extractivista, que en lugar de responder a la crisis climática, la agrava.
Además del daño ambiental, organizaciones sociales alertan sobre el impacto del fracking en la soberanía alimentaria, el desplazamiento de poblaciones, y la fractura del tejido social en regiones donde se ha implementado.

Hacia un modelo energético soberano y sustentable

El proyecto de ley no solo busca vetar la práctica del fracking, sino también replantear el enfoque energético del país. La apuesta es por una transición energética real, justa e incluyente, que priorice las fuentes limpias y renovables, y que garantice el respeto por los derechos de las comunidades.

La radicación de esta ley vuelve a encender el debate nacional sobre el rumbo de la política energética en Colombia y representa, para sus autores, un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo desde una óptica ética y ecológica.

Por: Nelson Julián Villamizar / Director Proclama