Hay días en los que los edificios dejan de ser estructuras de concreto y se convierten en escenarios de conciencia. Hoy, el Congreso de la República fue precisamente eso: un espacio donde la política se encontró con la empatía, y donde la legislación se puso al servicio de la dignidad.
A pesar de contar con un marco legal robusto en el papel, millones de ciudadanos en Colombia enfrentan una carrera diaria de obstáculos físicos, burocráticos y laborales. El tránsito de la exclusión total a una "inclusión a medias" perpetúa un limbo social donde la autonomía sigue siendo el premio más difícil de alcanzar.
Sostienen la vida y la dignidad de otros a costa de su propio bienestar, sin remuneración ni derechos garantizados. Desde los barrios populares de Colombia, los movimientos de cuidadoras y cuidadores exigen que su labor deje de ser vista como una obligación familiar privada y se reconozca como un pilar fundamental de la economía del país.
En el marco del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un contundente informe de evaluación global que enciende las alarmas sobre el estancamiento de la Agenda 2030.
