El Gobierno Nacional ha dado un paso histórico en la garantía de derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Con la aprobación del CONPES 4198 de Discapacidad 2026–2035, se consolida una política pública integral que transformará la vida de más de tres millones de ciudadanos, fortaleciendo la inclusión, la accesibilidad y la equidad en todos los ámbitos sociales.
La nueva política destina una inversión de $5,66 billones de pesos durante la próxima década, con 119 acciones estratégicas en salud, educación inclusiva, empleo, vivienda accesible y gobernanza participativa. El objetivo central es cerrar la brecha laboral, pues actualmente solo el 21% de las personas con discapacidad accede a un empleo frente al 59,8% de la población sin discapacidad. Además, la Ley 2466 de 2025 obliga a las empresas privadas a contratar personas con discapacidad, mientras que los proyectos de vivienda de interés social deberán incluir criterios de accesibilidad.
En salud, se ampliará la certificación oficial, que hoy solo alcanza al 18% de la población, mediante equipos móviles que llegarán a comunidades apartadas. Con esta política, Colombia avanza hacia un modelo inclusivo que reconoce la diversidad y promueve la participación activa de las personas con discapacidad en la construcción de un país más justo y solidario.
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