Bogotá será la sede del Día Mundial de las Ciudades 2025, convirtiéndola en el epicentro global donde decenas de expertos en urbanismo y tomadores de decisión darán respuesta al reto que significa impulsar ciudades inteligentes, resilientes e inclusivas, donde el ciudadano sea el principal protagonista.
El Día Mundial de las Ciudades, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2013 y celebrado cada 31 de octubre, es la principal plataforma internacional para reflexionar sobre el futuro urbano. Su propósito es sensibilizar sobre los desafíos y oportunidades de la urbanización, promover la cooperación global y avanzar en la construcción de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes.
Con la proyección de que en 2050 cerca del 70% de la población mundial vivirá en entornos urbanos, esta conmemoración se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, impulsando soluciones innovadoras frente a temas como la resiliencia, la inclusión social, la competitividad y el equilibrio territorial.
Importantes urbes alrededor del mundo han sido sede de este evento, gracias a sus aportes en sostenibilidad, innovación y acción climática. Este año, bajo el lema "Ciudades inteligentes centradas en las personas", ONU-Hábitat enfatiza que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino un medio al servicio de la ciudadanía para construir entornos urbanos más justos, sostenibles y humanos.
La derogación de la directriz que unificaba el control de los despidos de trabajadores con discapacidad enciende las alarmas de los defensores de derechos humanos, mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de rigor técnico. La protección del eslabón más débil en la relación laboral ha vuelto a quedar en el centro de una profunda fractura...
La voz de las comunidades rurales con discapacidad sigue siendo ignorada. Entre barreras geográficas, tradiciones excluyentes y ausencia de políticas efectivas, la deuda histórica de Colombia con la inclusión cultural y territorial permanece abierta.
El fin del período de transición normativa marca una era sin precedentes en el país: la cuota de contratación laboral para personas con discapacidad ya es obligatoria y el Estado impone criterios de accesibilidad universal en todas sus compras públicas.
